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MINJUSDH Y USAID presentan diagnóstico con miras a una política integral contra el tráfico ilegal de vida silvestre

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Existen aproximadamente 320 especies amenazadas por el tráfico ilegal y 88 de ellas se encuentran en peligro de extinción, revela el estudio

El reciente caso del zorro Run Run ha visibilizado uno de los principales delitos ambientales que se perpetran en el Perú: el tráfico ilegal de vida silvestre, que amenaza a aproximadamente 320 especies, 88 de ellas en peligro de extinción.

Frente a esta realidad, la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, elaboraron el estudio denominado “El tráfico de vida silvestre en la Amazonía, Amenazas a la flora y fauna en la selva del Perú”, que realiza un diagnóstico de este delito sobre la base de cuatro enfoques: criminológico, ambiental, jurídico y de políticas públicas.

En el webinar, el viceministro de Justicia, Gilmar Andía Zúñiga, destacó que el diagnóstico es un trabajo que suma esfuerzos para poder conocer en profundidad esta problemática de larga data, “Pese a ser un delito tan grave, extendido en nuestras zonas de flora y fauna silvestre, no tenemos una mirada hacia él, sino que está oculto detrás de otros delitos, que casi todos vemos con preocupación, que son la minería o la tala ilegal”, dijo. Agregó que hay una tarea pendiente para los operadores de justica respecto de las sanciones a los perpetradores del delito. “Pareciera que las penas suspendidas no permiten lograr el fin preventivo del derecho penal. A esto se suma que los montos de la reparación civil no son significativos”, dijo.

Además, anotó que el estudio arroja datos importantes para el entendimiento de este delito. Así, revela que el principal destino de las especies es el doméstico, como mascotas, y que Lima es el principal foco donde terminan siendo vendidas, así como el extranjero, llegando hasta a Asia, Europa, USA y Canadá. También anotó que las especies silvestres más afectadas son las aves (56%), siendo la mayoría loros o papagayos.

La presentación del documento se realizó a través de un Webinar la tarde del viernes 26 de noviembre y se transmitió a través de las plataformas de Facebook del MINJUSDH y DAR Perú. El evento también contó con la exposición de un panel de expertos. César Ipenza, Líder de Fortalecimiento Institucional del Proyecto Prevenir de USAID, tuvo a cargo la exposición “El tráfico ilícito de vida silvestre como crimen organizado”. Ipenza afirmó que, en línea con las recomendaciones de diversos organismos y convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CDOT), es importante que el tráfico ilícito de vida silvestre sea catalogado como “delito grave”.

“En el Perú ya se han dado iniciativas en ese sentido y, actualmente, se han presentado proyectos de ley para incluir este delito ambiental en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, lo cual dotaría a jueces y fiscales de más y mejores herramientas de investigación, tales como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, facilidades para la colaboración internacional y mayores penas y sanciones, todo lo cual contribuiría a prevenir este grave delito”, señaló.

Por su parte, Julio Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales y procurador del Ministerio del Ambiente, a cargo de la charla “Los retos para combatir el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre”, mientras que Jéssica Gálvez-Durand Besnard, Directora de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR, brindó la charla “La coordinación intersectorial para prevenir y combatir el tráfico ilícito de vida silvestre”.

Cabe mencionar que el diagnóstico identifica los factores clave para una lucha eficaz contra este delito, que incluyen el fortalecimiento de las capacidades del personal de control, supervisión y fiscalización; el incremento en las acciones de fiscalización; la ampliación de recursos presupuestales, logísticos y humanos; las costumbres y prácticas culturales; y la demanda de industrias como los sectores de la moda, turismo y la industria farmacéutica.

Asimismo, el informe detalla que este delito frecuentemente es promovido por grupos criminales y está asociado con otros delitos, como la corrupción, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, robo, fraude, entre otros. Además, que entre los incentivos para la comisión de este delito figuran la alta demanda y el desconocimiento de la ciudadanía con respecto a las consecuencias, prohibiciones y sanciones a esta actividad.

El estudio nace de la necesidad de contar con un instrumento que contribuya a abordar de manera transversal e interinstitucional este delito, con una agenda común, mediante el diagnóstico, y busca generar las condiciones para la conformación de un marco nacional de delitos ambientales.

Así, se trata de un insumo para la toma de decisiones responsables, oportunas y basadas en evidencia, para afrontar los delitos ambientales y contribuir a la conservación del patrimonio natural del Perú, y particularmente, de la Amazonía, en beneficio de todos los peruanos y peruanas.

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