#CADEejecutivos: “La informalidad es el principal obstáculo para construir un mejor sistema de pensiones”

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Hoy, el Perú tiene un sistema de pensiones fragmentado: un 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en la informalidad; un 12% aporta al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y un 18% de la PEA aporta a las AFP mediante aportes de ahorro individual. El sistema nacional de pensiones se ha mantenido en la agenda pública a lo largo de toda la pandemia del COVID-19, pues sus problemas se han hecho evidentes.

“Esta distribución es ineficiente y genera segmentaciones y coberturas muy limitadas. La pensión contributiva -que incluye a los afiliados a la ONP y las AFP- solamente alcanza al 30% de la PEA; alrededor del 10% de los mayores de 65 años reciben Pensión 65 y, finalmente, tenemos a un 60% de la población mayor de 65 años que no tiene nada para jubilarse”, comentó Tuesta.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Para el especialista, el principal problema está en el propio mercado laboral peruano, altamente informal, que imposibilita la creación de un sistema de pensiones robusto. El segundo gran obstáculo es el mal diseño del sistema previsional peruano. Finalmente, las condiciones del Perú como país emergente -como la falta de capacidad de ahorro de la población- limitan la posibilidad de crear un mejor sistema de pensiones.

Para crear un sistema previsional digno, un país debe desarrollar, en primer lugar, un consenso social, respecto a la definición de esta protección universal. Por ejemplo, en países europeos como Holanda o Dinamarca, toda la población tiene una pensión, sin importar su nivel socioeconómico o los ingresos que hayan recibido a lo largo de su vida laboral. “Pero eso no es gratuito. Una pensión como esa proviene del impuesto a la renta que todos pagan. Es un consenso al que llegaron como país. Hoy, en el Perú no hay un criterio claro sobre cómo hacer que las personas que trabajan en nuestro contexto altamente informal puedan aportar. La informalidad nos limita”, explica Tuesta.

De otro lado, el especialista criticó duramente la manera en que el Congreso de la República viene modificando el sistema previsional del país, a través de retiros masivos y devoluciones, que -en su opinión- pueden causar inestabilidad e incluso “destruir” el sistema de pensiones a futuro. “Se ha hablado de una pensión universal pero no de cómo se va a financiar. No se ha definido qué aportes irían a un eventual fondo compartido o individual. Tampoco se ha asegurado cómo se va a cumplir la promesa de una pensión asegurada o mínima. Hay que aterrizar mejor las ideas y esperemos que haya mayor debate y diálogo al respecto, como debe hacerse con cualquier reforma”, afirmó.

Finalmente, David Tuesta consideró poco recomendable que la reforma del sistema de pensiones se lleve a cabo en un clima tan politizado como el actual. “Es preferible que las modificaciones sean propuestas por una comisión técnica especializada, a través de un proceso amplio que incluya la apertura de debate con la sociedad civil. Este será un proceso largo que probablemente tomará varios años”, precisó. “Contar con una población relativamente protegida no solo es un tema de solidaridad, también es inteligente desde el punto de vista económico. Esto evita una serie de externalidades negativas, económicas y políticas. Hoy, lamentablemente, no existe esta protección a la ciudadanía y debemos encontrar la manera de construirla”, finalizó Tuesta.

Cabe resaltar que las conclusiones y propuestas de esta dinámica se presentarán en el evento central de CADE Ejecutivos durante la sesión “Enfrentando los retos sociales y la reactivación económica”.

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